Manifiesto contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno

La reforma laboral aprobada por el Gobierno no va a servir para crear empleo; su objetivo es colocar el mercado de trabajo al servicio de los empresarios y desregular las relaciones laborales.

Los ajustes presupuestarios, los recortes sociales, y las llamadas reformas estructurales, están fracasando.

La crisis de las deudas soberanas se ha extendido y se ha hecho más aguda. Hoy la prima de riesgo de la deuda pública española es el doble de la que había en abril de 2010, y ha llegado a ser tres veces mayor en los peores momentos de inestabilidad financiera.

Los objetivos de reducción de los déficits públicos tampoco pueden cumplirse, a pesar de los brutales recortes presupuestarios, o precisamente por ellos.

Los daños de estas políticas son dramáticos: recesión económica en buena parte de la UE, más paro, más pobreza, más desigualdad.

España es uno de los países europeos que más está sufriendo las consecuencias. Nuestras cifras de desempleo son las peores de la UE:

• 5,3 millones de personas en el desempleo (casi el 23% de la población activa y el 50% de los jóvenes), y una tendencia hacia los 6 millones a finales de 2012.
• CRECE el número de parados que no percibe ningún tipo de prestación por desempleo.
• Más de la cuarta parte de la población está por debajo del índice de pobreza, y crece la desigualdad social.

Las políticas de bienestar social y las propuestas relacionadas con los servicios públicos han sido elementos esenciales en el proceso de construcción europea, y ahora se han convertido en un escenario de confrontación ideológica entre quienes defendemos la importancia del papel del Estado (como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de protección social), y quienes reducen su papel a la mínima expresión y reclaman más mercado. Entre ellos, el Gobierno español, dispuesto a sacrificar la buena salud de los servicios públicos en aras del sacrosanto cumplimiento del déficit.

Parece una obviedad, pero hay que decirlo: el origen de la crisis no está en el mercado laboral ni en lo costoso del Estado de bienestar. La crisis la ha generado el sector financiero especulativo que ha actuado sin ningún tipo de escrúpulo ni control para conseguir los mayores beneficios en el menor tiempo posible.

Una reforma laboral contra los trabajadores y trabajadoras

Es ya un lugar común entre los ideólogos liberales, las organizaciones empresariales, las instituciones financieras y el Gobierno recurrir a la “rigidez estructural” del mercado de trabajo español, y al excesivo coste de la indemnización por rescisión de contrato, para justificar las reformas laborales. La misma rigidez que hace tan solo unos años permitió crear millones de empleos.

Haríamos mejor en mirar hacia donde realmente están los problemas: un tejido productivo débil, sectores productivos de escaso valor añadido, escuálida inversión privada en innovación y desarrollo, predominio de las empresas demasiados pequeñas, y una cultura empresarial con aversión al riesgo y obsesionada por el beneficio rápido.

No se han articulado reformas para atajar estos problemas.

La reforma laboral aprobada el pasado 10 de febrero en Consejo de Ministros contiene una radical transformación del mercado de trabajo.

El despido será más fácil y más barato; legaliza un nuevo contrato con despido libre y gratuito combinado con más bonificaciones; restringe los derechos colectivos de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que aumenta el poder discrecional de los empresarios.

Destacan también las siguientes medidas:

• La indemnización habitual por despido será a partir de ahora de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades, aplicable a todo el universo de trabajadores del mercado laboral español
• Se suprime la necesidad de autorización administrativa para realizar despidos colectivos, manteniendo la exigencia comunitaria de un periodo de consultas, pero sin exigirse un acuerdo con los representantes de los trabajadores para proceder a los despidos
• Se amplían las prerrogativas del empresario para no aplicar el convenio en vigor por distintas causas (incluida la cuantía salarial). El proceso indica algunas garantías de participación, si bien de no alcanzarse un acuerdo se permite al empresario rescindir el contrato por despido improcedente con un requisito muy fácil de cumplir y de manipular
• El convenio de empresa tiene prevalencia sobre cualquier otro y la inaplicación del convenio puede ser suscrito por el empresario con una comisión ad hoc formada por tres trabajadores elegidos al efecto
• Se regula el régimen de ultractividad de los convenios colectivos, con objeto según los autores, de que las modificaciones operadas en estas materias responden al objetivo de procurar que la negociación colectiva “sea un instrumento y no un obstáculo, para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa”. Es decir, para que los empresarios puedan hacer y deshacer a su antojo
• Se asesta un duro golpe al derecho del trabajo, se desvirtúa la tutela judicial y se debilita el poder contractual de los sindicatos en beneficio de la empresa.

Estamos, en definitiva, ante una reforma con un fuerte contenido ideológico basado en reforzar el papel del empresario, sobre todo del empresario menos emprendedor, dentro de un proceso de individualización de la relación laboral, lo que implica menor cohesión económica y social y un camino abierto a la exclusión de un creciente sector de la población.

Un modelo de reforma que no crea empleo –varios ministros ya lo reconocen- y que, sin embargo, se convierte en una rémora para la recuperación de la actividad económica, única condición imprescindible para crear puestos de trabajo.

CCOO y UGT hacemos un llamamiento a los trabajadores, a la sociedad, a sus organizaciones más dinámicas y representativas, para tejer una amplia red de respuesta laboral y ciudadana a la reforma del mercado de trabajo aprobada por el Gobierno del Partido Popular.

HOY hemos iniciado un proceso intenso y sostenido de información y movilización para combatir una reforma pensada y ejecutada al servicio de empresarios e instituciones financieras.

CCOO y UGT tenemos alternativas. Emplazamos al Gobierno a que rectifique, aprovechando la tramitación de las enmiendas, e impulse el diálogo social para avanzar hacia el empleo estable y con derechos.